El Gobierno tiene decidido que recurrirá ante el TC si finalmente esta consulta soberanista se convoca y ante la previsible anulación de la misma por parte del TC, confían en que el presidente de la Generalitat acate la sentencia.
Si esto no fuera así y no asumiera la decisión del máximo tribunal español, al Gobierno no le quedaría otra opción que recurrir a la vía penal para pedir la inhabilitación del presidente de la Generalitat.
El recurso a la vía penal, según explican fuentes del Ejecutivo, no sería para encarcelar a Artur Mas, sino para inhabilitarle para ejercer el cargo, ya que un presidente de una comunidad no puede saltarse ni la ley, ni las sentencias de los tribunales.
Y si la insumisión siguiera, el siguiente paso tendría que ser, según apunta un miembro del Gobierno, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé que el Ejecutivo ejercite la competencia que una comunidad no lleva a cabo de manera conveniente y que en este caso, sería para tomar la decisión de sustituir al presidente catalán.
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